El gobernador Axel Kicillof anunció una inversión de $3.000 millones destinada a impulsar proyectos de investigación científica y tecnológica en la provincia de Buenos Aires, con impacto directo en pymes y cooperativas. El mandatario aprovechó el anuncio para diferenciarse del Gobierno nacional y denunciar el vaciamiento del sistema científico que, según afirmó, avanza desde hace dos años.

“Mientras a nivel nacional asistimos a la destrucción sistemática del sistema universitario, científico y tecnológico, en la provincia redoblamos esfuerzos”, sostuvo Kicillof. Recordó que el desarrollo científico en países como Argentina siempre fue motorizado por el Estado y advirtió que los recortes nacionales ya provocaron cierre de laboratorios, suspensión de proyectos y pérdida de capacidades estratégicas. “Sin investigación, no hay posibilidad de desarrollo”, remarcó.

Kicillof subrayó que la Provincia seguirá adelante con un programa propio que articula municipios, universidades y el sector productivo. “Es imposible compensar el daño que generan las políticas de Milei, pero trabajamos en una estrategia totalmente distinta”, afirmó.

El anuncio se realizó en el marco de la cuarta convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA). Allí se confirmó que, a través del CFI, se financiarán 98 proyectos que involucrarán a más de 900 investigadores y brindarán herramientas a pymes, cooperativas y municipios. Desde 2024, el FITBA se consolidó como la principal política pública de financiamiento científico del país, luego de los retrocesos del Gobierno nacional.

Además, la CIC y el programa Proinged presentaron nueve proyectos dedicados al desarrollo de soluciones vinculadas a energías renovables, como la solar y la eólica.

El contraste con Nación es tajante. El Gobierno de Milei confirmó la baja definitiva de los PICT, la histórica línea de financiamiento para investigación científica, congelada desde hace dos años. En su lugar, solo se implementará el programa Apoyo a la Investigación Científica (AIC), limitado a proyectos de salud, agroindustria y energía/minería, y sujeto a participación de empresas privadas.

La comunidad científica reaccionó con dureza: investigadores del Conicet y universidades advierten que quedan excluidas la investigación básica, las humanidades y las ciencias sociales. Señalan que la medida “desmantela el sistema científico argentino” y que el país se convertirá en el único de la región sin inversión estatal sostenida en ciencia y tecnología, un retroceso comparable al de fines de los años 90.