El Gobierno presentó oficialmente su Ley de Modernización Laboral, un paquete que altera de manera estructural el sistema de empleo argentino. Bajo el discurso de la “simplificación”, la iniciativa se orienta a flexibilizar condiciones laborales, reducir costos empresariales y achicar el alcance de la negociación colectiva, mientras deja en segundo plano la protección del trabajador.

Uno de los puntos centrales es la creación de un registro laboral único administrado por ARCA, que pasa a ser la única instancia válida de inscripción. Con esta medida, el Ejecutivo busca eliminar trámites paralelos, aunque concentra el control en un solo organismo y limita cualquier exigencia adicional de otros entes de fiscalización.

La reforma también introduce cambios profundos en el Régimen de Contrato de Trabajo: redefine qué rubros integran las indemnizaciones, habilita remuneraciones pactadas en moneda extranjera y reordena el tiempo de trabajo para permitir esquemas de compensación más flexibles. Se endurecen los requisitos de certificaciones médicas y se amplía el uso de beneficios no remunerativos, lo que abre la puerta a salarios más fragmentados y con menos aportes.

En el plano judicial, el Gobierno busca reducir la litigiosidad eliminando la posibilidad de presentar reclamos civiles por daños y perjuicios. Desde ahora, ante un despido, la única vía de reparación será la indemnización prevista en la Ley de Contrato de Trabajo.

La negociación colectiva también sufre modificaciones relevantes. Se limita la ultraactividad, lo que evita que convenios vencidos sigan vigentes indefinidamente. Solo se mantendrán las cláusulas normativas y únicamente hasta que exista un nuevo acuerdo o una prórroga explícita. A esto se suman nuevas restricciones para las asambleas sindicales, que quedan formalmente encuadradas como no remunerativas.

Otro elemento clave es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un aporte del 3% sobre los salarios, destinado exclusivamente al pago de indemnizaciones. Será administrado por entidades bajo supervisión de la CNV y será inembargable.

El proyecto incluye además el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que ofrecerá por un año reducciones de contribuciones patronales durante cuatro años para quienes incorporen trabajadores sin empleo registrado reciente, monotributistas o exempleados públicos. Sumado a esto, se fija una baja general de contribuciones: 17,40% para grandes servicios y comercio, y 15% para el resto del sector privado.

También se crea un régimen especial para trabajadores de plataformas digitales —repartidores y choferes—, que serán considerados prestadores independientes, formalizando un modelo sin derechos laborales tradicionales y con obligaciones limitadas para las empresas.

El capítulo final incorpora incentivos tributarios para empresas, incluyendo la baja del Impuesto a las Ganancias corporativo y un régimen de amortización acelerada para inversiones medianas.

Con este paquete, el Gobierno insiste en que busca “ordenar y simplificar”, pero la letra fina confirma un rumbo claro: más flexibilidad para el empleador, menos protección para el trabajador y un marco laboral ajustado a las prioridades fiscales y económicas del oficialismo.