El Gobierno nacional volvió a intervenir sobre la crítica situación que atraviesa el interior productivo de la provincia de Buenos Aires. A través de la resolución 1974/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo homologó los decretos bonaerenses que amplían la emergencia y/o desastre agropecuario en distritos arrasados por las inundaciones. La medida —que regirá hasta el 28 de febrero de 2026— alcanza a productores de 25 de Mayo, Saladillo, Azul, Bragado, Lincoln, Bolívar, General Belgrano y Pila.

Se trata de un nuevo parche tras una temporada de lluvias que dejó miles de hectáreas improductivas y numerosas explotaciones al borde del colapso. Según la Ley 26.509, quienes tengan al menos el 50% de sus campos afectados pueden acceder a beneficios fiscales y crediticios; sin embargo, sin la homologación nacional esos mecanismos no pueden activarse.

Qué dispuso la resolución nacional

La resolución adhiere a dos decretos provinciales presentados el 20 de noviembre ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

El primero, el 2779/2025, extiende la emergencia ya declarada en mayo para distintas circunscripciones de 25 de Mayo y Saladillo, con vigencia del 1° de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.

El segundo, el 2780/2025, suma nuevas áreas golpeadas por las inundaciones del segundo semestre: sectores de Bragado, 25 de Mayo, Lincoln, Saladillo, General Belgrano, Azul, Pila y Bolívar.

Cabe recordar que en la primera homologación, realizada recién el 4 de septiembre, solo unas pocas zonas de 25 de Mayo habían sido incluidas. Productores de la región ya habían advertido que el distrito recibe el agua de sectores más comprometidos, como 9 de Julio y Carlos Casares, lo que agravó el impacto en las semanas siguientes.

Cómo se implementarán los beneficios

Para acceder a los alivios fiscales y crediticios, los productores deberán tramitar un certificado emitido por la autoridad provincial que confirme que sus campos se encuentran dentro de las zonas afectadas. Luego, la provincia enviará el listado a Nación.

A partir de ese momento, bancos oficiales y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberán instrumentar los beneficios previstos en la Ley 26.509: prórrogas y exenciones impositivas, además de créditos blandos para recomponer capital de trabajo.

El Ministerio de Economía también facultó a la Secretaría de Agricultura a firmar convenios necesarios para aplicar la resolución, un paso que busca acelerar la implementación, aunque en el sector dudan de su eficacia si no hay decisiones más contundentes.

Un panorama rural que sigue en crisis

La ampliación de la emergencia llega en un contexto donde aún persisten vastas superficies bajo agua y miles de productores que no lograron volver a la normalidad. Las lluvias intensas de la segunda mitad del año dejaron un mapa rural devastado en el centro bonaerense.

Si bien las prórrogas brindan un alivio parcial, el plazo final —28 de febrero de 2026— será clave para medir cuánta recuperación real podrá lograrse. Mientras tanto, sigue faltando una estrategia integral del Gobierno nacional para atender un problema que, lejos de amainar, continúa poniendo en jaque al corazón productivo de la provincia.